La mayoría de los periodistas detrás de los Pandora Papers sostienen categóricamente y sin reflexión adicional alguna que el uso de sociedades ubicadas en el extranjero, vehículos de inversión, entre otros instrumentos, por algunos “privilegiados super ricos” implica que estos hayan acumulado una riqueza proveniente de actividades ilícitas o para la evasión de tributos en sus jurisdicciones correspondientes.
Dicha línea de razonamiento pretende englobar a todo un grupo de personas sin separar a aquellos individuos que hayan acudido al uso de estos instrumentos o esquemas con fines distintos a ocultar el origen de su riqueza o para evadir el pago de impuestos. Existen razones válidas para utilizar estos vehículos tales como establecer una sociedad holding de un grupo económico que opera en diversas jurisdicciones, para establecer reglas sucesorias que permitan un uso más eficiente del patrimonio familiar, evitar el riesgo de eventuales expropiaciones en las jurisdicciones en que reside el titular o titulares, entre otros.
Diversos Estados han venido negociando y suscribiendo acuerdos multilaterales que permitan el intercambio de información financiera e incluso corporativa entre las Autoridades de cada Estado participante, con el objeto de recabar la información de aquellos ciudadanos que se encuentran incumpliendo con sus ordenamientos jurídicos. Estos mecanismos de intercambio de información exigen altos estándares de seguridad tecnológica y de manejo de esta, ya que la referida información sólo debería ser manejada por un grupo reducido de personas (incluyendo a las autoridades correspondientes).
Es evidente que la hipótesis de los periodistas encargados de este trabajo de investigación no sólo ha consistido en poner a la luz, nuevamente, los casos de políticos que han sido sujetos a escrutinio en los últimos años, sino que, también están extendiendo asunciones respecto de individuos que pueden estar cumpliendo plenamente con sus jurisdicciones, tanto en el plano de revelación de información, como en el pago de impuestos. Todo ello justificado bajo la idea que estos esquemas permiten la desviación de recursos públicos, en todos los casos, sin excepción, que perjudican a cada uno de los Estados de donde provienen los individuos que utilizan los mismos.
Nos llama poderosamente la atención que se justifique la revelación de información privada de diversos individuos sin que se haya realizado un mayor hincapié en que estas estructuras pueden resultar válidas ni que se haya diferenciado a aquellos individuos que tienen una trayectoria claramente relacionada a actividades ilícitas de aquellos que pueden encontrarse cumpliendo la ley. Incluso, respecto de los primeros hubiera resultado ideal que se hubiera manejado mejor el tenor de los artículos y noticias que han salido publicados en diversos medios.
Esperamos que en el futuro esta información se maneje de manera más adecuada y se indique no toda persona que acude a estos vehículos necesariamente se encuentra infringiendo la ley.